Los demócratas rechazan el texto republicano del Clarity Act y Thune duda de una votación antes del receso de agosto. El futuro de la regulación crypto en EE. UU., en el aire.
El Clarity Act, proyecto de ley estrella sobre la regulación de los mercados crypto en Estados Unidos, atraviesa una zona de turbulencias severa. Los demócratas han rechazado sin rodeos la nueva versión del texto republicano, mientras que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha puesto abiertamente en duda la posibilidad de una votación antes del receso de agosto.
La disputa gira en torno a una cláusula ética considerada insuficiente por la oposición, en un contexto en el que las actividades crypto del presidente Trump han generado más de mil millones de dólares en ingresos en un año, según una declaración financiera publicada en julio. El calendario legislativo se estrecha peligrosamente, y el sector contiene la respiración.
A 14 días de la fecha límite del 7 de agosto, el destino del texto más ambicioso jamás propuesto sobre la estructura de los mercados de activos digitales en Estados Unidos sigue siendo incierto.
El senador demócrata Ruben Gallego (Arizona) no se anduvo con rodeos al declarar a Politico: «Whatever piece of s–t they sent back to us, that was not a serious effort». Esta salida contundente resume el estado de las negociaciones tras meses de conversaciones bipartidistas reducidas a la nada por el último borrador republicano.
El núcleo del desacuerdo: los demócratas rechazan categóricamente que el Departamento de Justicia (DOJ) sea el único organismo encargado de aplicar las normas éticas. Su desconfianza hacia el DOJ bajo la administración Trump es explícita. Negociaciones anteriores ya habían naufragado sobre el papel de los fiscales generales de los estados en la aplicación de dichas normas — un punto que sigue sin resolverse.
El texto republicano, fruto de un acuerdo entre la Casa Blanca y las senadoras Cynthia Lummis y Bernie Moreno, prohibiría a los funcionarios federales emitir activos digitales y expiraría en 2029. Lummis lo defiende como «las normas éticas más sólidas jamás impuestas a la presidencia». Sin embargo, un grupo de siete demócratas liderado por Angela Alsobrooks considera el texto insuficiente en materia de protección del consumidor, financiación ilícita y conflictos de interés.
John Thune ha enfriado las esperanzas del sector al declarar a los periodistas: «I don’t think we’ll be able to get them done», en referencia al Clarity Act y a un proyecto de ley separado sobre el deporte universitario. No obstante, dejó una puerta entreabierta: «Me gustaría al menos que el Clarity se pusiera en marcha. Ya veremos dónde están los votos.»
Un inicio del debate antes del receso estival dejaría el texto en una ventana muy estrecha en septiembre, con las campañas de mitad de mandato y otras prioridades legislativas que saturarán el calendario del Senado. El equipo de Thune ha indicado además que un proyecto de sanciones contra Rusia, impulsado por el fallecido senador Lindsey Graham, tendría prioridad en el tiempo de sesión plenaria.
Patrick Witt, asesor crypto de la Casa Blanca, se mostró más optimista al declarar a CoinDesk que estaba «perplejo» ante el pesimismo de Thune, y «ligeramente más optimista», dado que la primera semana de agosto sigue disponible. Por el lado demócrata, Gallego trabaja en una contrapropuesta junto al senador republicano Thom Tillis (Carolina del Norte) y otros republicanos sin identificar. «We are still in this fight», afirmó, prometiendo devolver un texto enmendado.
El Clarity Act se presenta como el texto de referencia sobre la estructura de los mercados de activos digitales en Estados Unidos. Su aprobación definiría las fronteras regulatorias entre la SEC y la CFTC, clarificaría el estatus jurídico de cientos de tokens y ofrecería un marco legal estable a los exchanges, emisores e inversores institucionales que operan en el mercado estadounidense.
Un aplazamiento a septiembre, o incluso más allá, genera una incertidumbre regulatoria prolongada que pesa sobre la confianza de los actores institucionales. Los planes de expansión en Estados Unidos de varias plataformas de primer nivel dependen directamente de la claridad jurídica que se supone debe aportar este texto. Cada semana de retraso representa un coste de oportunidad real para un sector que, sin embargo, respaldó financieramente de forma masiva a los candidatos favorables a las criptomonedas en las últimas elecciones.
La pelota está ahora en el tejado de Gallego y Tillis: su contrapropuesta sobre la cláusula ética determinará si un acuerdo bipartidista es todavía posible antes de que el Congreso se vaya de vacaciones.
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