Una pareja de Nueva Jersey desvió 13 millones en ayudas públicas mediante una empresa fantasma. El jurado federal ha emitido su veredicto.
Una sociedad fantasma, conductores inexistentes, identidades robadas a personas fallecidas — y 13 millones de dólares de fondos públicos en el punto de mira. Un jurado federal estadounidense acaba de emitir su veredicto en uno de los casos de fraude a las ayudas sociales más cínicos de los últimos años.
Detrás de la operación: una pareja binacional que convirtió una cáscara vacía en una máquina de desviar subvenciones destinadas a personas mayores, con discapacidad y sin hogar. Todo ello financiado por agencias gubernamentales de varios estados estadounidenses.
Entre Porsche de alquiler, boutiques de lujo en Manhattan y viajes por Europa, el tren de vida exhibido por los acusados contrasta brutalmente con las víctimas a las que supuestamente servían.
Jael Watts, de 45 años, residente en Nueva Jersey, y su marido colombiano Luis Pino-Copete, de 42 años, operaron bajo el nombre de Pearl Transit Corporation, una empresa pantalla registrada en Nueva Jersey. Sobre el papel, la compañía ofrecía transporte médico y servicios de asistencia a personas sin hogar en varios estados del país. En la práctica, no prestaba ningún servicio real.
Entre julio de 2019 y octubre de 2025, el dúo presentó solicitudes de reembolso fraudulentas por un importe superior a 13 millones de dólares ante agencias federales y estatales. Llegaron a cobrar efectivamente más de 1,6 millones de dólares procedentes de agencias situadas en Georgia, California y Carolina del Norte, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Para dar credibilidad a su montaje, los acusados elaboraron listas falsas de empleados y clientes utilizando identidades robadas — incluidas las de personas fallecidas. Los «conductores» registrados no tenían carné de conducir o, sencillamente, nunca habían conducido un vehículo. Un nivel de sofisticación administrativa que permitió al esquema funcionar durante más de seis años.
Los extractos bancarios presentados durante el juicio revelaron un estilo de vida completamente ajeno a la gestión de una empresa de transporte social. La pareja gastó más de 100.000 dólares en alquileres de Porsche, más de 100.000 dólares en Loro Piana — firma de lujo italiana con tienda en Manhattan — y realizó largas estancias en Colombia, Aruba y Europa.
Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional Antifraude del DOJ, resumió el caso sin rodeos: «Los acusados fabricaron nóminas y listas de clientes, llegando incluso a utilizar las identidades de personas fallecidas, para sifonar millones destinados a los estadounidenses más vulnerables.»
Jael Watts fue declarada culpable de declaración falsa, robo de identidad agravado y cinco cargos de fraude electrónico. Ambos acusados fueron condenados también por conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado. La fecha de lectura de la sentencia está fijada para el 21 de enero de 2027: cada uno se enfrenta a hasta 20 años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares y al menos 1,9 millones de dólares en restitución. Luis Pino-Copete se arriesga además a ser deportado a Colombia al cumplir su condena.
Más allá del caso concreto, este asunto saca a la luz una vulnerabilidad estructural: los programas federales de ayuda a poblaciones vulnerables se apoyan con frecuencia en mecanismos de verificación insuficientes para detectar a proveedores ficticios. La duración del esquema — más de seis años — y el volumen de las cantidades reclamadas evidencian un punto ciego regulatorio que los actores malintencionados saben explotar de forma metódica.
Este tipo de fraude a los fondos públicos, aunque distinto de las estafas cripto clásicas, comparte la misma lógica: construir una fachada de legitimidad, multiplicar las falsas pruebas de actividad y explotar la confianza institucional antes de que los controles alcancen al esquema. En el ecosistema financiero en sentido amplio, la vigilancia sobre el origen y la trazabilidad de los flujos sigue siendo la primera línea de defensa contra este tipo de montajes.
El caso Pearl Transit recuerda que el fraude a gran escala no siempre requiere tecnología sofisticada — en ocasiones, una empresa pantalla, hojas de cálculo falsificadas y la ausencia de verificación sobre el terreno son suficientes para desviar millones durante años.
Léa forma parte del equipo de InvestX, dedicado a acompañar a los miembros en su formación. Apasionada por las criptomonedas, sigue de cerca la evolución del mercado. En InvestX.es, escribe artículos para ayudar a los lectores a analizar la actualidad y comprender día a día lo que sucede en el mundo de la blockchain.
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