Fiscalidad cripto: la industria estadounidense se une para defender a mineros y stakers

Desde hace más de una década, mineros y stakers estadounidenses soportan una norma fiscal considerada absurda: pagar impuestos sobre activos que aún no han vendido. Un proyecto de ley podría cambiar esta situación de una vez por todas.

El 21 de junio de 2025, las tres mayores asociaciones profesionales del sector cripto en Estados Unidos enviaron una carta conjunta al Congreso para exigir la aprobación urgente del texto. Una movilización inusual, en un momento en que la ventana legislativa se está cerrando.

Detrás de esta iniciativa se esconde una cuestión de competitividad de primer orden: las redes proof-of-work y proof-of-stake aseguran hoy más de 1,7 billones de dólares en activos digitales. Y la normativa fiscal vigente está empujando a los actores estadounidenses hacia la salida.

Un régimen fiscal que asfixia a los validadores estadounidenses desde 2014

Todo comienza en 2014, cuando el IRS publica la Notice 2014-21: los bitcoins minados deben declararse como ingresos brutos por su valor de mercado en el momento de su creación, y no en el de la venta. En la práctica, un minero que recibe BTC debe pagar impuestos de inmediato, aunque no venda nada. El principio es el mismo que el de un salario, salvo que ese «salario» puede desplomarse un 70 % antes de convertirse en efectivo.

En 2023, el IRS agrava la situación para los stakers con el Revenue Ruling 2023-14, que extiende la misma lógica a los validadores proof-of-stake. En cuanto un validador recibe recompensas de staking, debe declararlas como ingresos imponibles, independientemente de si las vende o no. Este mecanismo genera un problema estructural de tesorería: los operadores deben financiar una carga fiscal sobre activos ilíquidos, sin garantía alguna de que su valor sea suficiente en el momento del pago.

El resultado es que los mineros y stakers estadounidenses se encuentran en una competencia desleal frente a competidores extranjeros que operan bajo regímenes fiscales mucho más favorables. El sector considera que esta dinámica desincentiva la actividad de validación doméstica y pone en riesgo la soberanía digital de Estados Unidos.

H.R. 9175: una reforma pragmática que da la elección a los contribuyentes

El proyecto de ley H.R. 9175, bautizado como Tax Clarity for Mining and Staking Act e impulsado por el representante republicano Mike Carey (Ohio), no elimina la tributación del minado y el staking. Introduce una opción: los mineros y stakers pueden optar por tratar sus nuevos activos digitales como bienes de creación propia, aplazando el reconocimiento del ingreso imponible hasta el momento de la venta. Un mecanismo de diferimiento fiscal alineado con la lógica económica real de estas actividades.

El texto incluye también una disposición técnica relevante para los actores institucionales: los grantor trusts que mantengan activos digitales podrán recibir recompensas de staking sin perder su estatus jurídico. Un punto crucial para los fondos y estructuras de gestión de activos que operan a través de estos vehículos.

La carta conjunta fue firmada por los directores ejecutivos de la Blockchain Association (Summer Mersinger), del Crypto Council for Innovation (Ji Hun Kim) y de la Digital Chamber (Cody Carbone). Las tres organizaciones califican el texto de «compromiso duradero» y solicitan su aprobación sin modificaciones. El 9 de junio de 2025, la comisión Ways and Means ya había celebrado una audiencia sobre la fiscalidad de los activos digitales —la primera en su género desde hace años— en la que se examinaron seis proyectos de ley, entre ellos el H.R. 9175.

Una ventana legislativa estrecha antes de que el momentum se evapore

El calendario es un factor determinante. El Congreso estadounidense dispone de un margen reducido antes del receso estival de agosto, y la presión política se intensifica. En el Senado, la senadora Cynthia Lummis lidera un esfuerzo paralelo con una legislación que recoge el mismo principio de diferimiento fiscal hasta la venta —un alineamiento estratégico entre ambas cámaras que refuerza las posibilidades de aprobación.

La urgencia es aún mayor si se tiene en cuenta que Lummis, una de las voces más influyentes del Senado en materia de activos digitales, abandona su cargo en enero próximo. Perder a esta aliada sin haber logrado aprobar una reforma fiscal supondría un retroceso significativo para el sector. El frente unido de las tres asociaciones apunta precisamente a capitalizar este momentum excepcional, enviando una señal clara a los legisladores: la industria habla con una sola voz, y el texto está listo para ser votado tal como está.